La reciente intervención de las autoridades en relación con el aseguramiento de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, ha levantado una serie de interrogantes sobre la legalidad y la trazabilidad de los hidrocarburos en el país. Si te preguntas cómo se desarrolló este caso y qué implicaciones tiene, aquí encontrarás un análisis detallado de los acontecimientos. Este artículo aborda la orden de atracción de la carpeta de investigación por parte de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y profundiza en los hallazgos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Te invitamos a seguir leyendo para conocer todos los detalles sobre esta situación que involucra más de 59 millones de litros de presunto «huachicol».
Intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de combustible no acreditado
La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado las riendas de un caso complejo, atrayendo la investigación relacionada con el hallazgo de más de 59 millones de litros de combustible sin un origen claro. Esta decisión fue instruida por Ernestina Godoy el 19 de septiembre, tras la identificación de irregularidades en la documentación presentada por las empresas implicadas. La actividad delictiva se centró en un inmueble de la empresa Gas Natural del Noroeste, lo que generó la necesidad de un análisis más profundo.
El operativo que llevó a este descubrimiento se inició el 17 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció en sus redes sociales un cateo en la entidad. Posteriormente, la FGR emitió un comunicado que confirmaba los hechos y ofrecía más detalles sobre el volumen del hidrocarburo asegurado, lo que subraya la seriedad de la situación.
Razones detrás de la atracción del caso por parte de FEMDO
La FEMDO decidió atraer este caso debido a la falta de documentación suficiente por parte de las empresas involucradas. En un comunicado oficial, la FGR señaló que ninguna de las entidades había podido probar de manera fehaciente la legalidad del combustible localizado. Por esto, Godoy instruyó a la FEMDO a tomar control de la investigación.
Las acciones emprendidas por la fiscalía incluyen la recopilación de información sobre las empresas vinculadas y entrevistas con directivos. Todo esto con el objetivo de validar la propiedad y la trazabilidad del combustible, crucial para combatir el fenómeno del huachicol y otros delitos relacionados con la defraudación fiscal.
Antecedentes del caso: cómo comenzó la investigación
La historia de este caso se remonta al 3 de julio de 2026, cuando un agente del Ministerio Público Federal detuvo a una persona en una gasolinera de San Luis de la Paz. Este individuo estaba descargando combustible de una pipa de 33 mil litros, pero no pudo demostrar la trazabilidad del diésel. A partir de esta detención, se iniciaron diversas investigaciones en diferentes puntos del estado.
El operativo culminante tuvo lugar en San José Iturbide, donde se llevaron a cabo cateos autorizados por un juez federal. Las autoridades, incluyendo miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, participaron en el procedimiento, asegurando documentos y vehículos relacionados con el caso.
La empresa Gas Natural del Noroeste se defiende
El mismo día de la instrucción de la fiscal general, la empresa Gas Natural del Noroeste emitió un comunicado defendiendo la legalidad de su operación. Afirma que lleva nueve años operando la terminal de almacenamiento en San José Iturbide y que posee todos los permisos necesarios, incluyendo el de almacenamiento de petrolíferos.
La empresa también indicó que cuenta con autorizaciones ambientales y de seguridad, además de que su actividad contribuye a mejorar el abastecimiento de combustible en el país. Sin embargo, este contexto no elimina las preocupaciones sobre la legalidad de los hidrocarburos asegurados.
¿Qué sigue en la investigación?
La FGR ha dejado claro que las diligencias continúan y que se mantendrá firme en su lucha contra el huachicol y otros delitos fiscales. La atracción del caso por parte de la FEMDO es un paso hacia una mayor transparencia y un esfuerzo significativo para proteger el patrimonio del pueblo mexicano.
Con un enfoque en la legalidad y la trazabilidad del combustible, la investigación no solo busca esclarecer este caso específico, sino también establecer un precedente para futuras intervenciones en el sector energético. Así que, si te interesa el tema, mantente atento a las novedades que puedan surgir.